Regulación y precios en la era de la transición energética

Siguen las noticias y las previsiones de un aumento del precio de la electricidad para este invierno, con el consiguiente impacto en hogares y empresas, que siguen pagando los precios más altos de Europa mientras mantenemos un sistema sucio, ineficiente y deficientemente regulado.

Las medidas anunciadas por el Gobierno tendrán un dudoso impacto inmediato, y suenan más a parche que a medidas de fondo.
Abaratar el precio de la electricidad debe ser una prioridad en nuestras políticas, y debe acometerse de manera estructural para todo el sistema, no transfiriendo costes de unos usuarios a otros en función de los intereses políticos del momento. Y eso pasa por una reforma en profundidad del mercado eléctrico.

Es decir, cuestionar el actual marco regulatorio de fijación de precios es una cuestión de justicia social (pobreza energética), democracia económica (sobre-retribución de algunas tecnologías de generación) y también de competitividad empresarial. El análisis comparativo sobre la evolución de precios de la energía en la Unión Europea realizado por FUNSEAM concluye que mientras el precio de generación ha bajado en España (gracias a las renovables principalmente) los impuestos, gravámenes y cargos no han dejado de aumentar. Es decir, la parte del precio que depende de las decisiones políticas, de la regulación en una palabra, es lo que más ha encarecido el precio de la energía en España en los últimos años.

Utilizar el déficit de tarifa como excusa para mantener una estructura de peajes y costes complicada, anticuada y poco transparente, empieza a sonar a excusa para limitarse a esperar los (dudosos) resultados a largo de plazo de la actual (y mala) regulación que no satisface ni a quien paga ni a quien cobra. La tan reclamada auditoría de costes del sistema eléctrico debe ser la base de un nuevo sistema de fijación de precios de la electricidad (y del mercado, específicamente) que refleje adecuadamente el coste de generación de cada tecnología y en el que los costes del sistema sean fijados de manera razonable y transparente.

Aunque el principal debate de la transición energética gira en torno a las tecnologías (velocidad de implantación de las renovables, composición del mix eléctrico, ambición en la reducción de emisiones, etc.) lo que va a marcar la diferencia es la garantía de acceso a la energía, la apertura del mercado a nuevos actores, la protección de consumidores y usuarios (sean hogares o empresas) o el equilibro del sistema es la regulación. De ahí la importancia de tener claros los principios y objetivos de la regulación (impedir la especulación energética, favorecer la generación distribuida, el ahorro y la eficiencia, etc.). Pero también debemos apostar por un horizonte de estabilidad regulatoria algo que no ha existido en estos años (ni en el precio, ni la retribución a las renovables, ni en la subasta de interrumpibilidad) y que mande las señales correctas a la inversión y al mercado.

En este punto, hay que mencionar, aunque normalmente se quede fuera del debate energético, el papel del regulador. En el escenario de transformación que nos encontramos es imprescindible que éste sea independiente y disponga de plenas competencias y recursos necesarios para garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en el sector energético en beneficio de las personas consumidoras y usuarias, evitando que los vaivenes e intereses políticos del momento o del corto plazo, afecten a la implementación de la transición energética definida por los poderes políticos.

En este sentido, España se resiste a acatar las directivas europeas sobre agencias reguladoras independientes. En medio de un procedimiento abierto por no transferir la fijación de peajes del sistema al regulador (casi 7.000 millones anuales), el MINETAD reforma su estructura transfiriendo nuevas competencias hasta ahora en manos de la CNMC y ahondando en el cumplimiento de las directivas europeas (con el consiguiente riesgo de sanción). Pero, políticamente el resultado de vaciamiento del regulador nos deja un ministerio todopoderoso para diseñar una transición a medida, lo que en vista de las torpezas regulatorias que se han cometido en los últimos años, junto con el modelo y la ambición de los objetivos de transición energética que plantea el Gobierno, nos va a hacer perder una oportunidad.

Esto es importante, porque si bien el desarrollo tecnológico renovable va seguir abaratando el precio de la electricidad, siempre y cuando se acompañe con un marco regulatorio adecuado, el ritmo y el cómo lo hagamos nos hará aprovechar mejor o peor la reducción de generación que traen las renovables. Es decir, mientras mantengamos combustibles fósiles en nuestro mix energético (con precios volátiles y tendencia al alza) y un mercado marginalista, los picos de precio del gas por ejemplo, pueden neutralizar cualquier mejora de precio de las renovables. Por eso, en cuanto más rápida se haga la transición hacia un sistema eléctrico 100% renovable y con menos gas, más posibilidades tendremos de abaratar significativamente el precio de la electricidad.

Una vez que el reconocimiento de la urgencia de actuar contra el cambio climático, ha sido apoyado y revalidado por el desarrollo tecnológico, el reto que tenemos es que la transición hacia un sistema eléctrico descarbonizado no sea una mera transposición del actual sistema de equilibrio de poderes empresariales, sino que se adapte a las nuevas condiciones de generación, distribución, consumo y acceso que la tecnología permite y la sociedad demanda. Es decir, el marco regulatorio debe adaptarse al modelo energético del siglo XXI, y es parte del debate político que debemos tener en torno a la transición energética.

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