El Gobierno abre la puerta a un ‘tasazo’ a las eléctricas para costear el apagón nuclear

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dejado en manos de Enresa los cálculos de la factura del multimillonario apagón nuclear .

Será esta empresa, ajustándose a la legislación vigente, la que determine la tasa necesaria que deben pagar las eléctricas para su financiación.

Las eléctricas con nucleares (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) pagan una tasa anual a Enresa para crear un fondo con el que se gestionan los residuos de las centrales atómicas y su futuro desmantelamiento.

Desde hace años, Enresa, e incluso el Tribunal de Cuentas, vienen advirtiendo de que ese fondo, que a finales de 2017 sumaba 5.326 millones, es insuficiente para cubrir los 14.200 millones que costaría el desmantelamiento completo de los siete reactores que siguen funcionando en España (9.700 millones en términos corrientes, si el desembolso se hiciera este año en lugar de hacerlo a lo largo de una década)

En la actualidad, la tasa es de 6,69 euros por megavatio/hora producido.

En la memoria de cada año, Enresa explica que «los tipos de gravamen y elementos tributarios para la determinación de la cuota de estas tasas podrán ser revisados por el Gobierno mediante Real Decreto, en base a una memoria económico-financiera actualizada del coste de las actividades correspondientes contempladas en el Plan General de Residuos Radiactivos». Así se desprende de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico y posteriores modificaciones.

En la actualidad, el plan general de residuos vigente es el número 6, y data del año 2006. Desde entonces no se ha reformado.

Nuevo plan de residuos

Al ser preguntada sobre si finalmente iban a ser los usuarios los que pagaran la factura del apagón nuclear, la ministra ha dicho que Enresa va a presentar «un nuevo plan general de residuos antes del verano», precisamente para analizar la situación y poder abordar un cierre ordenado de las nucleares y su financiación. El mismo hecho de que, después de 12 años, se elabore un nuevo plan de residuos radioactivos ya es un hito. Sobre todo si, además, se configura como la fórmula para soportar el peso de la financiación del desmantelamiento atómico, subiendo las tasas.

La Comisión de Expertos que elaboró el pasado año un informe para el Parlamento sobre el futuro del sector llegaba a decir que la tasa debería situarse entre los 9 y los 19 euros por megavatio si se mantenía una vida útil de 40 años para las nucleares, y de entre 4 y 9 euros si la vida útil se extendía a los 50 años.

La pasada semana, el Gobierno, Endesa, Iberdrola y Naturgy llegaron a un preacuerdo para un cierre escalonado de las nucleares entre 2025 y 2036. En la práctica, eso supondría extender como media la vida de las nucleares españolas a una horquilla de entre 45 y 47 años.

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